Después de una serie de eventos desafortunados, el día de ayer, el Fiscal General de la República decidió salir a los medios de comunicación para aclarar lo relativo al caso del general Salvador Cienfuegos.

Estas líneas no buscan ahondar sobre la inocencia o no, de dicho general y ex secretario de la Defensa Nacional; tienen la finalidad de abordar el tema de la imagen que el fiscal proyectó en su intento por acallar las voces críticas que han reclamado una explicación clara y en voz del titular de la fiscalía.

Recordemos que el tema del general Cienfuegos es por demás controvertido, involucra a la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos de América (DEA) y a la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York. Durante años, las autoridades norteamericanas llevaron a cabo una investigación que desembocó en la pretención de que Cienfuegos fuera enjuiciado en ese país por presuntos vínculos con el narcotráfico; el exfuncionario fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, California el 15 de octubre del año pasado, permaneciendo retenido por esas autoridades cinco semanas y luego devuelto a México sin cargo alguno.

Ya en México y de forma exprés, la institución que encabeza Alejandro Gertz Manero dio a conocer que el Ministerio Público Federal desechó las supuestas pruebas obtenidas por la DEA de delitos contra la salud y lavado de dinero, por lo que determinó no ejercer acción penal contra el ex secretario. Sorprendentemente, dicha comunicación fue publicada en el portal de la Fiscalía General de la República (FGR) y en Twitter, dada la relevancia del caso, quedamos a la espera de que el fiscal convocara a una rueda de prensa o hiciera una declaración ante los medios y aclarara lo relativo a la decisión del no ejercicio de la acción penal. No fue así.

Cualquier experto en comunicación puede confirmar que, en situaciones de crisis es cuando más se evidencia la vulnerabilidad de la imagen institucional; al día siguiente fue el presidente Andrés Manuel López Obrador quien dio la cara, habló de las razones por las que la FGR determinó el no ejercicio de la acción penal, apoyó dicha decisión y acusó a la DEA de fabricar pruebas contra el general Cienfuegos… Retomo la vulnerabilidad de la institución porque tanto el presidente como el fiscal general, olvidaron que la FGR es un órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio de acuerdo a lo establecido en el artículo 102 constitucional.

La ausencia del procurador y la inconstitucional intervención del presidente, debilitaron (aún más) a la FGR, institución que en estricto sentido no debe tener dependencia jerárquica con ningún poder u órgano del Estado. Ambos faltaron al compromiso de proteger y blindar a la fiscalía, lo que provocó entre otras reacciones, el reclamo de diversas Organizaciones de la Sociedad Civil, quienes exigieron la destitución de Gertz Manero al quedar clara su subordinación al presidente López Obrador.

No conformes con la pifia cometida contra la FGR por la invasión de facultades y falta de autonomía, la misma fiscalía (previa instrucción del presidente), publicó el expediente completo del caso del general Salvador Cienfuegos, «con las salvedades que implica la ley», por lo que la mayor parte de los documentos están testados, lo cual lo hace casi ilegible.

La gravedad de la envalentonada acción pudiera pasarse por alto en nuestro debilitado sistema; el único inconveniente, es que se publicó completo un documento de la DEA, con la transcripción e intercepción de los mensajes que habrían tenido supuestas cabecillas criminales con el general. Lo anterior provocó el enojo de las autoridades de Estados Unidos, quienes acusaron al gobierno mexicano de violar el Tratado de Asistencia Legal Mutua entre ambas naciones, motivo por el cual, el Departamento Justicia de los EE. UU. declaró: “Publicar dicha información viola el Tratado de Asistencia Legal Mutua entre México y Estados Unidos, y pone en duda si Estados Unidos puede continuar compartiendo informaciónpara apoyar las propias investigaciones criminales de México.”

La grave crisis pudo quedar ahí, pero aunque usted no lo crea, no fue así… Ayer, en lo que pareció ser una gira de medios por parte de Gertz Manero, tuvimos la oportunidad (por fin), de escuchar de viva voz su versión de los hechos. Pasaron varios días para que el señor fiscal diera la cara, y al ritmo de «óigame usted», «ahora resulta» y muchas frases alejadas del rigor legal, el fiscal declaró en los medios de comunicación, que exoneraron al general porque no le van a seguir el juego a las autoridades norteamericanas, haciendo burla de las organizaciones de investigación criminal de los EE. UU. aduciendo que no son garantistas.

Ausente de estrategia de comunicación y poco apegado al mismo comunicado de la FGR, agregó que el asunto «huele muy feo» y pidió «no me vengan con ese cuento»; envuelto en una verborrea de papá regañón, amenazó que se irá a juicio, que las autoridades norteamericanas «están locas» y llegará al fondo del asunto, pero no de la investigación del caso, sino de lo que acusa, es un linchamiento en el que están aliados los medios de comunicación.

Ante el sorpresivo bajísimo nivel del fiscal Gertz Manero, se puede concluir que el manejo de esta crisis institucional en el que la 4T ha metido al FGR, es desastrosa, deja ver que su obligación de comunicar les parece fastidiosa y no reconoce el derecho público a dicha información. Se puede concluir que la fiscalía guarda silencio, enreda, es dominada por el presidente, no es honesta sobre lo que informa, su titular no tiene calidad para ostentar dicho cargo, atentan contra la institución y defraudan a los ciudadanos.

Las crisis desnudan a las instituciones, las dejan ver, y mucho…

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