En días pasados, Alejandro Moreno alias “Alito”, presidente nacional del PRI, aseveró que “al PRI nadie lo presiona”, lo anterior ante la exigencia ciudadana en redes sociales sumada a la presión de analistas, partidos aliados y medios de comunicación, para que dicho instituto político, fijara una postura respecto a la iniciativa constitucional enviada por el ejecutivo a la Cámara de Diputados en materia energética.

La respuesta exigida a la cúpula priísta, para que actúe de manera congruente con los intereses del país, observen lo expresado en sus propios estatutos, cumplan con los resultados del debate sobre la generación de energía dado anteriormente y con las reformas en materia eléctrica aprobadas por ellos mismos en años pasados, molestó a sus liderazgos y generó una declaración ausente del principio de representatividad, aunque matizada con el compromiso de llevar a cabo un proceso de debate y de parlamento abierto, de nueva cuenta, sobre un tema por demás discutido… Al final sometieron a la opinión pública al suspenso deliberado, probablemente nunca sepamos a ciencia cierta, que hay detrás.

Más allá de la maniobra implementada por el PRI, lo que no podemos perder de vista, es que los líderes de los partidos políticos en la práctica reproducen la idea medieval de que el poder viene de Dios al ritmo de la verbalización de frases como “nos debemos a la gente”; actúan dominados por pequeñas minorías y juegan con el mito de la representación del pueblo cuando les conviene de acuerdo a sus propias estrategias.

Es claro que nuestro país ha vivido un largo periodo de democratización, casi siempre centrado en las grandes reformas que buscaron elevar a rango constitucional los principios democráticos básicos, así como el fortalecimiento de organismos públicos autónomos y el diseño del nuevo andamiaje institucional para preservar dichos principios… Pero las reformas a nuestro marco legal y los intentos por llevarlas a la práctica se enfrentan a la inadecuación de los mismos partidos políticos a dicho proceso de democratización de nuestro país.

Al final la realidad del poder es la que domina, y se rompe con el objetivo principal de los partidos políticos consignada en nuestra Constitución “promover la participación del pueblo en la vida democrática…”. Le pregunto al amable lector si actualmente los partidos políticos promueven la participación del pueblo en la vida democrática, más allá de llamar al voto por sus candidatos.

Inquieta más dicha cuestión cuando observamos la cantidad de recursos públicos que los mismos reciben para que lleven a cabo su función principal. Cientos de millones de pesos asignados anualmente para que los institutos políticos no se hagan responsables de incentivar la discusión racional, ni motivar el interés ciudadano por la participación democrática, peor aún, para ser calificados como las instituciones que menos confianza le generan a la población; esta percepción se debe al desprestigio que esmeradamente han acumulado al paso de los años ante los evidentes excesos, abusos, corruptelas y actos vergonzosos que logran justamente lo contrario a lo esperado: anular la confianza ciudadana en la incipiente democracia mexicana.

La idea de que los partidos políticos son entidades de interés público, se queda en el papel, y nos obliga a cuestionarnos cuál es el valor que incorporan actualmente a la sociedad. Entidades que olvidaron su razón de ser, que no se acercan a la ciudadanía, que no permanecen con los canales de comunicación abiertos, que consideran que nadie los manda, que crean burocracias partidistas acaudaladas que rompen con la sociedad y llevan al poder a personas igualmente desvinculadas y formadas bajo el concepto de que a ellos “nadie los presiona”.

A pesar de lo anteriormente expuesto, suscribo que alguna vez afirmó Charles de Gaulle “He llegado a la conclusión de que la política es un asunto demasiado serio para dejarlo en manos de los políticos”. Más ciudadanos políticos, más ciudadanos opinando, más ciudadanos exigiendo, observando y cumpliendo con el pacto social que nos integra a una sociedad pero no como entes pasivos, sino como constructores del destino del país.

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